Bulmaro Pacheco.
En el pasado, México tuvo grandes reformadores de la política y la
administración pública. Hoy no se ven por ningún lado.
Reformaron creando instituciones; abrieron el sistema político para
darle viabilidad y reconocer la pluralidad de México. Reformaron para
evitar y procesar conflictos, así como para asegurar la paz social y
combatir las desigualdades sociales a través del desarrollo.
De repente, el sistema político y administrativo enfrentaba sus crisis y
sus sacudidas, y ahí estaban ellos para impulsar los cambios. Hoy
—Y a pesar de tanta crisis—nada de eso ocurre. El sistema reformó
sus instituciones para garantizar e impulsar dos de los compromisos
fundamentales del movimiento revolucionario: la educación y la salud.
Hoy los retrocesos y los fracasos de proyectos de gobierno están a la
vista (Insabi, Megafarmacia, Pemex, obras emblemáticas) con altos
costos, pero no hay reformas.
Con el tiempo, se avanzó con la creación del IMSS y la Secretaría de
Salud, y se erradicaron enfermedades mortales. En educación,
crearon la SEP y una diversidad de sistemas educativos —como la
UNAM y el Politécnico— para combatir el analfabetismo y ampliar la
cobertura educativa en todos los niveles, apoyando con ello los
programas de desarrollo económico.
Antonio Ortiz Mena, Jaime Torres Bodet, Jesús Reyes Heroles,
Fernando Solana, Ignacio Pichardo, Guillermo Soberón, Gustavo Baz
y Jesús Kumate, entre otros, formaron parte de esa generación de
mexicanos que apoyaron con su talento y capacidades el avance de
México y las grandes reformas que impulsaron los principales
cambios del país durante la mayor parte del siglo XX. Hoy no se ven
personajes de ese nivel de formación y capacidades. ¿Por qué?
Ahora, las administraciones públicas en México —federal, estatal y
municipal— están en crisis y no se ve para cuándo una solución.
No tienen dinero; el poco que poseen no siempre se gasta bien y
cada vez se les dificulta más cumplir con sus objetivos y funciones.
Están plagadas de problemas, vicios y excesos derivados de los
cambios ocurridos en México en los últimos años.
No hay servicio civil de carrera y, en las pocas instituciones donde se
había desarrollado, terminó por caer en los vicios generados por las
alternancias de partidos y grupos políticos de poder.
Las administraciones públicas enfrentan graves problemas que, en
lugar de resolverse, se han agravado. Mencionaré algunos:
La corrupción. Por más proclamas que existan con relación al
combate a la corrupción en todos los niveles, esta sigue creciendo y
ampliándose a otras esferas donde antes parecía imposible que
llegara. Se pensó que, con la militarización de instancias importantes
de la administración —como las aduanas, los puertos y los
aeropuertos—, la corrupción disminuiría, pero no fue así. En muchos
casos se incrementó debido a los excesos y deformaciones en el
manejo de las instituciones. Falló la experiencia y el fogueo para
desempeñar cargos en la administración; se cambió por el cuatismo,
la visión partidista y las cuotas para los allegados.
Los aparatos de regulación de las administraciones públicas sobre la
actividad económica se han ido debilitando y cada vez se respetan
menos. Sobran ejemplos de casos donde aparecen el dinero y los
pagos realizados para eludir trámites mediante la corrupción de
funcionarios públicos para evitar los tiempos de espera.
El contratismo de amigos y familiares incrustados en los aparatos de
poder también ha quedado en evidencia, sobre todo en la licitación de
obras públicas y servicios.
El nepotismo. Las alternancias en el poder convencieron a muchos de
los que llegaron al control de las administraciones públicas de que
incrustar familiares en las nóminas públicas era algo normal y
merecido. El servicio público dejó de ser una gran responsabilidad
social para convertirse en una lotería de favorecidos por cuestiones
de parentesco y relaciones familiares.
Se ha ampliado en los gobiernos la presencia de amigos y familiares
sin las capacidades suficientes para desempeñar los cargos. En el
sexenio de López Obrador se llegó al extremo de afirmar que, para
desempeñar un cargo público, se requería “90% de lealtad partidista y
10% de capacidad para el cargo” (sic).
Esa nefasta concepción del poder público surgió del desprecio y los
resentimientos con los que llegaron los nuevos gobiernos a partir de
la elección de 2018. Sin querer saber nada del pasado —al que
todavía condenan cuando algo les sale mal—, también condenaron a
la administración pública que, a lo largo de la historia, ya había
consolidado estructuras y servidores públicos profesionales
encargados de tareas administrativas cada vez más complejas, sobre
todo en ´reas sensibles del poder público como el servicio exterior, la
estructura fiscal y la organización educativa.
La improvisación. Estamos viendo, en primer lugar, premios
administrativos otorgados por pertenecer a determinado partido
político, por haber financiado campañas electorales, por ser pariente
de quienes mandan o por relaciones personales derivadas de haber
trabajado en equipo en cargos anteriores. Así, se otorgan
oportunidades en el servicio público olvidándose de los perfiles
adecuados para los cargos.
Con ello se han fortalecido la improvisación y la ineficiencia. Todo
esto ha provocado que las cosas no funcionen, que se retrasen, que
los proyectos no avancen o que las obras y los servicios fallen por la
mala calidad en la supervisión de los responsables. ¡Qué casos!
¿Qué antes era igual? Es su disculpa, pero es una tesis falsa. Con el
tiempo en México llegó a legislarse contra el nepotismo y la
improvisación así como para avanzar en la transparencia, pero esas
medidas hoy son letra muerta, ante quienes se sienten “en el lado
correcto de la historía” que nunca ha existido.
El gobierno actual cree que gastando lo que no tiene resolverá
muchos problemas, pero no es así. Se niega a reconocer lastres
como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, que llevan años
funcionando con amplios déficits financieros y dificultan el correcto
manejo de las finanzas públicas. También se niega a reconocer los
altos costos —vía excesos y subsidios— de las obras emblemáticas
realizadas en el sexenio pasado, que hoy son un lastre para el nuevo
gobierno, el cual no halla cómo salir de esos compromisos.
No se ve por ninguna parte a reformadores de la política y la
administración pública que hablen con la verdad.
Tampoco se observan ideas originales y eficaces que influyan en la
compleja realidad de México para tratar de resolver problemas que,
por ahora, parecen insolubles: los tiempos de espera en hospitales, la
sobresaturación de instituciones, la mala calidad de la educación
pública, el déficit de las finanzas públicas y la pobreza de las
administraciones municipales. Tampoco hay propuestas para combatir
la pobreza urbana, la inseguridad pública en las calles y la
penetración cada vez más obvia del crimen organizado en las
instituciones de gobierno.
En las administraciones públicas, el interés de partido superó la
racionalidad en la toma de decisiones, y las reformas realizadas hasta
ahora solo han servido para fortalecer un modelo de gobierno cerrado
y concentrador del poder. Y lo peor, sin rumbo seguro.
Los reformadores hoy brillan por su ausencia, así como los
mexicanos de excepción que en otras épocas se la jugaron por
México y no por un partido político. Por eso tienen su lugar en la
historia y no han sido superados.
Nada más, nada menos.
bulmarop@gmail.com
