Bulmaro Pacheco.
Fue en 1968, con su crisis política, cuando un sector importante
de la clase política —y también una parte de la opinión pública
del exterior— empezó a dudar de la viabilidad política de una
nación que, durante décadas, había dado muestras de paz social
y gobiernos estables.
El conflicto estudiantil y popular de 1968 no tuvo un final feliz.
Hasta la fecha no sabemos el número exacto de muertos
ocasionados por la represión policiaca en los edificios de la
Unidad Habitacional Tlatelolco. Lo que sí quedó claro fue la
desesperación del gobierno —vinculada con su incapacidad para
entender a fondo el problema— por tratar de resolver un conflicto
político que lo había rebasado, después de que fracasaran todos
los intentos de negociación entre los funcionarios
gubernamentales y los representantes del Consejo Nacional de
Huelga.
Ante la falta de comprensión del problema estudiantil, que no
azotaba solamente a México, sino que también se presentaba en
Europa, en algunas partes de Estados Unidos y en América
Latina, empezaron a inventarse teorías de la conspiración. Lo
mismo se involucraba a los partidos comunistas que a quienes,
según se decía desde el gobierno, pretendían boicotear los
Juegos Olímpicos que se celebrarían en México a partir de
octubre de 1968. Fue la primera torcedura.
El fenómeno era explicable y tenía sus razones. Hacía pocos
años que la televisión había irrumpido en el mundo y en México
para informar a la gente sobre los problemas de otras naciones y
los conflictos sociales asociados con los cambios demográficos y
educativos. La Revolución cubana tuvo un fuerte impacto en
América y en el resto del mundo, y emocionó a no pocos jóvenes.
También influyeron el acceso masivo de los jóvenes a las
instituciones de educación superior, sin la seguridad de obtener
un empleo estable; las crisis vividas en esas casas de estudios;
la expansión de las clases medias, que traían consigo otra
concepción de la vida, la política y el sistema; la creciente
influencia de los medios de comunicación masiva; la falta de
mecanismos de participación política, y los conflictos
postelectorales que en México ya marcaban un rumbo.
Ante la crisis, el gobierno reformó la Constitución para reducir de
21 a 18 años la edad requerida para votar.
Antes, en 1953, se había reconocido constitucionalmente el
derecho de las mujeres a votar y ser votadas; derecho que
ejercieron por primera vez en una elección federal en 1955. Con
ello se amplió la base electoral del sistema y se buscó una mayor
participación en las elecciones.
Faltaba el tema de los partidos políticos. En 1968 solo
funcionaban cuatro: PAN, PRI, PPS y PARM.
El PAN entró en crisis en 1975 cuando por conflictos internos no
pudo postular candidato presidencial. A partir de la reforma de
1977 se permitió la incorporación de nuevos partidos políticos y
se creó una nueva legislación electoral.
Se continuó con el proceso iniciado con la reforma de 1963 y la
figura de los “diputados de partido” fue sustituida por el sistema
de representación proporcional. Se legalizó el Partido Comunista
Mexicano, que después evolucionó hacia el PSUM, el PMS y al
final PRD. Las oposiciones empezaron a tener representación en
las cámaras federales y locales, así como en los ayuntamientos,
donde comenzaron a ganar elecciones municipales,
principalmente el Partido Acción Nacional.
El sistema se distendió, se flexibilizó y la pluralidad empezó a
aterrizar en la realidad política y social. De esa manera se
garantizó, durante un tiempo, la paz en los procesos electorales.
La segunda torcedura se presentó en 1988, con la llamada “caída
del sistema” y una elección presidencial muy cuestionada, que
obligó al gobierno a impulsar nuevas reformas para enfriar el
conflicto y prolongar la viabilidad del sistema.
La tercera torcedura llegó con el asesinato de Luis Donaldo
Colosio, en 1994. Muchos se alarmaron y pensaron que el
sistema ya se había agotado en aquel año terrible. La elección de
Ernesto Zedillo como presidente registró la participación electoral
más alta alcanzada hasta entonces—y que no ha podido ser
igualada ahora—: casi el 78 por ciento.
Vinieron las reformas de 1996 y el sistema volvió a ampliarse
cuando el PRI ya había perdido varias gubernaturas.
Posteriormente perdería la Ciudad de México, la mayoría
legislativa en la Cámara de Diputados y la elección presidencial
del año 2000.
Algunos quisieron ver nuevas torceduras con la victoria del PAN y
de Vicente Fox, y posteriormente con la cuestionada elección de
2006 y el triunfo de Felipe Calderón. No fue así. Las instituciones
políticas resistieron y las reformas constitucionales introdujeron
una mayor capacidad de respuesta institucional ante los
problemas de nuevo cuño.
Así y con un mayor número de partidos políticos, se desarrollaron
en paz los procesos electorales de 2012 y 2018.
La cuarta torcedura de México comenzó con la llegada al
gobierno de la llamada 4T. ¿Las razones? Algunas han sido
explicadas sobradamente y se encuentran aterrizadas en las
nuevas realidades.
Primero, un mal diagnóstico de los grandes problemas de
México, porque se puso por delante la ideología de los
integrantes del nuevo gobierno, negando los avances y
desconociendo lo realizado hasta entonces. Cero continuidad y
mucha regresión, con obras caras y poco viables.
Después, el resurgimiento de vicios que ya se habían combatido
mediante reformas incorporadas al sistema: el nombramiento de
numerosos familiares en tareas oficiales, reviviendo el nefasto
nepotismo en el servicio público; la improvisación de funcionarios
para desempeñar tareas administrativas —90 por ciento de
lealtad y 10 por ciento de capacidad—, y la interrupción de
programas y proyectos gubernamentales que ya habían
demostrado su eficacia o viabilidad: el Seguro Popular, el
aeropuerto de la Ciudad de México, la reforma educativa, la
reforma judicial, el control de la deuda pública —hoy
incontrolable— y las guarderías, entre otros.
También, la concentración de los poderes constitucionales en el
Ejecutivo, mediante procedimientos amañados en el Poder
Legislativo, así como el desmantelamiento de reformas efectivas
del Poder Judicial para construir un poder a modo y parcial,
mediante la elección de sus integrantes. Eso fortaleció la
presencia de la delincuencia organizada en el territorio.
Además, la cerrazón política, ignorando de punta a punta a los
adversarios y a quienes piensan de manera distinta a la línea
oficial; la ausencia de diálogo político con la diversidad de
México, y otros problemas que hemos padecido durante los
últimos años.
Se trata de la torcedura más costosa de cuantas se han vivido y
experimentado en México durante los últimos 58 años.
A diferencia de Nicaragua y de otros regímenes que han
involucionado políticamente, llevándose a sí mismos hacia una
regresión histórica y desconociendo derechos y avances
políticos, a los mexicanos todavía nos queda la opción de renovar
los poderes mediante el ejercicio del derecho al voto.
Ante esa posibilidad, el oficialismo ya toma medidas: adelanta
candidaturas y gastos de campaña en contra de las disposiciones
legales, mientras trata de limitar el ejercicio de las libertades de
expresión con un nuevo tipo de censura oficial.
¡Cuidado con esas estrategias! Hay que hacer una lectura muy
precisa de la historia y de las consecuencias que esas acciones
han tenido en otras realidades. Los habitantes de los países de
Europa del Este creían que los esperaba al paraíso cuando se
produjeron los cambios ocasionados por la caída del Muro de
Berlín, en 1989. No hubo tal paraíso. Lo que siguió fue el
desencanto y la frustración.
Octavio Paz afirmaría en aquella ocasión que la historia no deja
de ser una caja de sorpresas.
Muchos mexicanos creyeron en las promesas de cambio real y
en las transformaciones ofrecidas por Morena en 2018. Ahora, el
desencanto es mayor que la satisfacción. Hay que cuidar con
pinzas el derecho a votar. No habrá de otra.
bulmarop@gmail.com
