Bulmaro Pacheco
El caso del actual gobernador con licencia del estado de Sinaloa
marca un precedente en el sistema político mexicano.
Se trata del primer gobernador en funciones —en la historia— que es
señalado por el gobierno de los Estados Unidos de estar sujeto a
investigación por asociación con la delincuencia organizada y por el
cual se solicita —al gobierno mexicano— su extradición para ser
juzgado en aquel país por los delitos que se le imputan.

Sí es cierto que, antes de Rocha Moya y desde 1999, han sido
sometidos a juicio —y la mayoría encarcelados— más de 20
gobernadores estatales que han enfrentado procesos en México y en
los Estados Unidos; pero todos después de dejar sus cargos, más por
procesos de alternancia política en los estados —el cambio de un
partido a otro, siempre adversarios— que por un verdadero sentido de
justicia, con algunas excepciones notables, como los casos de oscar
Espinoza y Mario Villanueva Madrid, cuyos procesos iniciaron en el
gobierno de Ernesto Zedillo.

En el caso de esos exgobernadores procesados y encarcelados, no
ha habido distinción de partidos ni de filiaciones políticas: Rodrigo
Medina (PRI) en Nuevo León; Oscar Espinoza (PRI) y Rosario Robles
(PRD) de la Ciudad de México; Roberto Borge (PRI) de Quintana
Roo; Javier Duarte Ochoa y Flavino Ríos (PRI) de Veracruz; Tomás
Yarrington y Eugenio Hernández (PRI) de Tamaulipas; Guillermo
Padrés Elías (PAN) de Sonora; Luis Armando Reynoso (PAN) de
Aguascalientes; Jesús Reyna (PRD) de Michoacán; Andrés Granier
(PRI) de Tabasco; Roberto Sandoval (PRI) de Nayarit; Narciso
Agúndez (PRD) de Baja California Sur; Jorge Juan Torres y Humberto
Moreira (PRI) de Coahuila; Pablo Salazar (PRD) de Chiapas; Mario
Marín (PRI) de Puebla; y Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”
(independiente), de Nuevo León.

Todos fueron enjuiciados después de entregar el poder en sus
estados. Las cuentas pendientes con el gobierno de los Estados
Unidos de algunos de ellos —lavado de dinero, asociación con la
delincuencia organizada y exceso de propiedades en ese país—
provocaron que varios pasaran temporadas encarcelados allá, pero

ninguno comparable con el caso que ahora nos ocupa con el affaire
Rocha Moya, por las siguientes razones:
Siempre sostuvieron que eran diferentes. La misma presidenta
Sheinbaum, al defender al inicio al gobernador con licencia —cuando
diversas agrupaciones políticas demandaban su remoción o
separación del cargo— afirmó que “ellos eran diferentes y que las
cosas ya no se hacían como en el pasado”, cuando eran frecuentes
las licencias, nuevos empleos, motivos de salud y otras justificaciones
que encubrían a gobernadores ineptos, muy corruptos o incómodos
para el presidente en turno, que llegaban a crear condiciones de
ingobernabilidad en sus estados, dañando el pacto federal y
afectando a todo el sistema político.
El cinismo y el desenfado con que fueron abordadas las acusaciones
contra el gobernador Rocha por el expresidente López Obrador y por
el propio gobernador, cuando aparentaban que nada pasaba y que
todo se trataba de ataques contra el “Movimiento de la 4T”, que tantos
beneficios había traído a los mexicanos.
Esa defensa llegó a tal grado que el expresidente López Obrador le
organizó eventos masivos de apoyo, acompañado incluso de la
presidenta electa, para mandar el mensaje de que no habría ningún
efecto posterior al fallido programa de “abrazos y no balazos”.
La suerte de Rocha Moya empezó a marcarse desde su propia
elección: no era favorito en las encuestas internas de Morena. Llegó
al poder porque lo impuso el expresidente, al igual que a la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, quien tampoco era la favorita en
las encuestas internas.
Ganó la elección de 2021 con el apoyo de la delincuencia organizada,
que se dedicó a levantar y secuestrar opositores —sobre todo del
PRI— antes y durante la jornada electoral, para confiscarles listados y
estrategias de campaña y dejarle el camino libre a Rocha, liberando a
algunos hasta horas después de haber cerrado las casillas
electorales. Todo eso está documentado y los afectados todavía viven
para contarlo.
López Obrador no protestó cuando un avión trasladó de Culiacán a
Estados Unidos a “El Mayo” Zambada, con la complicidad evidente
del gobierno estatal y de algunos grupos delictivos que organizaron
su captura y traslado.

No apareció el manoseado argumento de la “soberanía”, a pesar de
que no se informó ni al gobierno federal ni a las fuerzas policiacas
locales del traslado de Zambada. En ese mismo contexto, y con
conocimiento de las autoridades, se intentó disfrazar el asesinato del
exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, al
señalar que se trató de un intento de robo de su camioneta en una
gasolinera.

A partir del “affaire” Zambada, se desató en Sinaloa una serie de
enfrentamientos entre grupos rivales de la delincuencia organizada
que, hasta la fecha, han desestabilizado al estado.
Todo ello pasó a la cuenta del expresidente López Obrador, quien no
tardó en culpar a Estados Unidos de la violencia local, así como al
propio gobernador, que perdió definitivamente el control del estado,
alcanzando la violencia incluso a dirigentes políticos, legisladores y
organizaciones sindicales de la capital.

A partir de las acusaciones de una corte de Nueva York contra el
exgobernador y diversos personajes políticos locales, las cosas han
cambiado para México y para el gobierno federal.
El gobierno federal ya no podrá recurrir al manido argumento de que
“no hay pruebas contra los señalados”: pruebas sobran. Bastaría con
citar a declarar a los involucrados en el proceso electoral de 2021 en
Sinaloa, profundizar en la captura y traslado de “El Mayo” Zambada,
así como en los hechos violentos ocurridos en ese contexto.

También sería pertinente investigar el verdadero significado de los
hechos de octubre de 2019, cuando el expresidente López Obrador
ordenó —¿por qué motivos?— dar marcha atrás al operativo para
capturar a uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en
Culiacán.

El caso Rocha Moya va para largo, y las sorpresas también. Marca
—para mal— al sistema político instaurado en México en 2018, que
juraba ser diferente al pasado.

Sienta un grave precedente en la relación con el gobierno de la
primera potencia mundial, en una coyuntura compleja para México,
donde múltiples asuntos están en juego —entre ellos el Tratado de
Libre Comercio— y obliga a la presidenta de México a definiciones
radicales ante una disyuntiva crucial para la viabilidad de su proyecto
político y su supervivencia: ¿complicidad o deslinde?¿Visión de

Estadista o reduccionismo partidista? No tiene ninguna necesidad de
cargar con un pesado fardo político que le afecta enormidades a
México y a ella, y lo peor… heredado.
bulmarop@gmail.com