Bulmaro Pacheco
Durante muchos años, el propio sistema político mexicano se encargó de
promover sus principales cambios.
Llegamos tarde al otorgamiento del derecho al voto de las mujeres, pues la
reforma constitucional respectiva se gestó en 1953 para empezar a operar
en las elecciones federales de 1955. El presidente Miguel Alemán se había
adelantado en 1947, cuando se reconoció constitucionalmente a las
mujeres el derecho de votar y ser votadas en las elecciones municipales.
Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, la reforma de 1953 extendió
plenamente esos derechos políticos al ámbito federal, que las mujeres
ejercieron por primera vez en las elecciones del 3 de julio de 1955.
En los Estados Unidos, ese derecho se había reconocido desde 1920.
El sistema se actualizó creando la figura de los diputados de partido en
1963, para aplicarse en la elección de 1964. Fue así como llegaron a la
Cámara federal de Diputados representantes del PAN, el PPS y el PARM
bajo esa nueva fórmula, a enriquecer los debates legislativos y a darle una
nueva dimensión a aquella “brega de eternidad” de la que hablara Manuel
Gómez Morín, cuando el PAN llevaba años participando en elecciones con
triunfos principalmente en el ámbito municipal.
La crisis política de 1968 agarró a todos los partidos políticos con los
dedos detrás de la puerta y les creó una crisis que no pudieron resolver
por la vía del diálogo. El sistema echó mano de la fuerza pública para
reprimir el movimiento.
El ambiente político quedó muy dañado y los partidos entraron en crisis, a
pesar de tibias reformas como la disminución de la edad para votar.
En 1975 y 1976, el PAN enfrentó una de sus peores crisis internas. Por sus
divisiones no pudo postular candidato presidencial para la elección de
1976, mientras José López Portillo, candidato del PRI, llegó a la contienda
como el único aspirante legalmente registrado. Frente a él estuvo la
candidatura testimonial de Valentín Campa, impulsada por el Partido
Comunista Mexicano, que carecía de registro legal.
Con suma preocupación, eso obligó a los estrategas del sistema político a
abrir un gran espacio de diálogo para reformar el sistema y darle una
mayor legitimidad a los procesos políticos.
Fueron meses arduos de debate y negociaciones —conducidos por el
poder público— que desembocaron en la reforma política de 1977,
impulsada durante el gobierno de José López Portillo y asociada

particularmente con el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes
Heroles. La primera de las grandes reformas políticas.
El sistema creó así los instrumentos para su propia modernización: abrió
espacios a nuevas organizaciones políticas que hasta ese momento
habían permanecido marginadas; sustituyó el sistema de diputados de
partido por un modelo mixto de representación en la Cámara de Diputados,
con legisladores de mayoría relativa y de representación proporcional; y
estableció un nuevo marco jurídico que alentaba la participación de las
oposiciones en el escenario político. La representación proporcional
continuaría avanzando posteriormente hasta alcanzar otros ámbitos de la
vida política, incluidos el Senado y los municipios
Pero faltaba una de las cuestiones más importantes: ¿cómo disminuir la
intervención del gobierno en las elecciones? ¿Cómo hacerle para evitar el
fraude electoral tan cacareado por las oposiciones?
La crisis política derivada de la famosa “caída del sistema” de 1988 aceleró
el proceso para garantizar gradualmente una mayor autonomía de los
procesos electorales, que tendría uno de sus momentos fundamentales
con la creación del Instituto Federal Electoral en 1990. Todo mediante el
diálogo y las negociaciones entre el gobierno y las oposiciones, que ya
para entonces contaban con figuras importantes como Cuauhtémoc
Cárdenas, Heberto Castillo,Carlos Castillo Peraza, Luis H. Álvarez, Porfirio
Muñoz Ledo y otros.
El IFE de 1990 no nació con la autonomía plena que alcanzaría
posteriormente. Fueron necesarias nuevas reformas hasta llegar a la de
1996, que modificó sustancialmente su estructura y consolidó su
autonomía respecto del Poder Ejecutivo.
Después de ese proceso de ciudadanización del IFE —hoy INE—, de la
consolidación del Tribunal Electoral y de la transformación de los
organismos electorales locales que sustituyeron a las antiguas comisiones
estatales electorales dependientes de los gobiernos estatales, el sistema
avanzó, se modernizó y dio paso a alternancias políticas cada vez más
frecuentes en estados, municipios, poderes legislativos y en la mismísima
Presidencia de la República, sin violencia y sin los conflictos callejeros de
antaño.
A casi 50 años de aquellos cambios políticos para modernizar el sistema,
algo ha cambiado en México, y no precisamente para bien del sistema
político.
Se ha vuelto a concentrar el poder en el Ejecutivo federal y en los
ejecutivos estatales; los organismos electorales, antaño independientes y
autónomos, hoy lucen entregados al poder; el diálogo —entre gobierno y

oposiciones— que de origen tanto ayudó a impulsar las reformas de 1977
al 2014 se encuentra suspendido y ha sido sustituido por una polarización
pocas veces vista en México: una polarización alentada desde el poder
con ataques cotidianos, principalmente en las llamadas conferencias
mañaneras, contra los adversarios políticos del gobierno, del nivel que sea,
con toda la fuerza y los recursos del Estado.
Ese clima político ha devaluado y enrarecido la actividad política por la
intensificación de fenómenos que creíamos erradicados del sistema. A
pesar de que desde el poder odian a las oposiciones y les echan la culpa
de todo, no han dejado de estimular el transfuguismo político entre
miembros de partidos —sin rubor alguno— que terminan acomodándose al
poder oficial.
A eso se suma la presencia cada vez mayor del hampa organizada en los
procesos políticos, con señalamientos sobre financiamiento de campañas,
impulso de candidaturas, exigencias de cargos públicos y reparto de
utilidades políticas.
También regresamos a mayores niveles de ostentación y corruptelas entre
los representantes de la clase política oficial, agregando nuevas
modalidades de nepotismo y cacicazgos locales que han echado por la
borda avances legales logrados en el pasado inmediato, más allá de las
encuestas políticas a modo que los muestran imbatibles (sic).
Todo ello, más las recurrentes crisis en las administraciones públicas de
todos los niveles, donde no abundan ni la eficacia ni las iniciativas para
resolver los problemas prácticos e inmediatos que afectan directamente a
la población, ha predispuesto a un sector amplio de la población contra los
gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación.
Si a eso le sumamos los triunfalismos locales de quienes se dijeron
siempre “diferentes”, se ha creado una sensación de irritación política cada
vez más extendida entre la población general, que podrá reflejarse en la
votación de junio de 2027, más allá de la abundancia de propaganda y de
las verdades oficiales construidas por propios y paleros.
bulmarop@gmail.com