Bulmaro Pacheco
Ángel Aguirre Rivero fue priista por un buen tiempo. Hizo su
carrera en el estado de Guerrero a la sombra de José Francisco
Ruiz Massieu y de Rubén Figueroa Alcocer, y le fue bien.
Ocupó todas las posiciones políticas locales y federales habidas,
hasta que en 1996 le llegó la oportunidad de ser gobernador
sustituto, al reemplazar a Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996),
quien dejó el cargo tras la matanza de Aguas Blancas, donde
perdieron la vida 17 campesinos. Aguirre cubrió el periodo de
1996 a 1999.
La historia moderna de México registra que Ángel Aguirre, al
igual que Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán, han sido los
únicos que, después de llegar al cargo por designación del
Congreso (interinos), volvieron por la vía de la elección popular a
ocupar la gubernatura.
Cervera sustituyó en 1984 al general Graciliano Alpuche Pinzón,
quien solo pudo estar dos años al frente del gobierno de Yucatán
(1982-1984), ante la falta de oficio político para lidiar con los
conflictos postelectorales en la entidad. Cervera gobernó primero
de 1984 a 1988 y después fue postulado por el PRI para
gobernar de 1995 a 2001. Años más tarde buscó la alcaldía de
Mérida, que perdió, y murió en 2004.
Aguirre volvió a ser gobernador —ahora electo— de 2011 a 2014,
pero por un partido distinto al PRI. Ganó mediante la coalición
Guerrero nos Une, integrada por el PRD, el PT y Convergencia, y
renunció al PRI para tratar de convertirse en el líder de las
izquierdas en esa entidad.
Aguirre cubrió solo tres años de su periodo y se vio obligado a
dejar el cargo, presionado por la dirigencia nacional del PRD, tras
la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Después de los acontecimientos y de los escándalos de la pareja
perredista que gobernaba Iguala, Aguirre no supo manejar las
cosas y acusó a la dirigencia nacional del PRD de haberlo
sacrificado y empujado fuera del gobierno de Guerrero, negando
a cada rato alguna responsabilidad en los hechos relacionados
con los jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Confiado en su militancia perredista, quiso acercarse a la
presidenta Sheinbaum y a Morena, enviándole, a través de
interpósita persona, un regalo que la presidenta rechazó de
inmediato: «Mándale saludos y dígale que no, gracias. No recibo
regalos de ellos». De ese tamaño.
Como exgobernador de oposición —quizá Aguirre se confió en
que nada iba a pasarle después de casi 12 años de los
acontecimientos por los que ahora se le involucra— es acusado
de haber ordenado desaparecer los videos de aquella noche. La
Fiscalía General de la República le imputa delitos contra la
administración de justicia y desaparición forzada de personas por
presuntamente haber ordenado ocultar y destruir las grabaciones
captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de
Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías
municipales y estatales detuvieron el autobús en el que viajaban
los normalistas. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y
deberá permanecer en el penal del Altiplano mientras se resuelve
si es vinculado a proceso.
El exmandatario de Guerrero se confió en los años transcurridos
y creyó que le había bastado aquella declaración que dio meses
atrás, cuando dijo que, como gobernador, había apoyado a la
Escuela Normal con la donación de un camión. Nada dijo de las
autoridades municipales de Iguala —la gota que derramó el
vaso—, que, al igual que él, pertenecían al PRD y tenían el sello
del expresidente López Obrador.
Con esa militancia, Aguirre pensó que nunca le iba a suceder lo
que le pasó a Rosario Robles, exjefa de Gobierno de la Ciudad
de México (1999-2000), quien pasó injustamente tres años en la
cárcel. Ella había sido antes secretaria de Gobierno del Distrito
Federal (1997-1999).
O que la iba a librar ignorando lo que le sucedió al exgobernador
de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016), extraditado de
Estados Unidos en 2022 y nuevamente detenido en 2025,
acusado de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
O el caso del exgobernador de Hidalgo Jesús Murillo Karam
(1993-1998), procesado también por el caso Ayotzinapa, pero por
haber desempeñado el cargo de procurador general de la
República en el gobierno de Enrique Peña Nieto durante el año
de los acontecimientos en Guerrero.
O el caso del exgobernador de Puebla Mario Marín (2005-2011),
detenido en 2021 y encarcelado por su presunta responsabilidad
en la tortura de la periodista Lydia Cacho, muchos años después
de dejar el poder.
Y, en el caso más reciente, el del primer gobernador de oposición
que ganó la gubernatura de Baja California en 1989: Ernesto
Ruffo Appel, detenido en julio de 2026 y vinculado a proceso por
los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y
delitos en materia de hidrocarburos, en el caso conocido como
«huachicol fiscal».
Por lo visto, en los casi ocho años que lleva gobernando la
llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros
exgobernadores de las oposiciones: PRI, PAN y PRD. Todo,
como una estrategia de manejo político-electoral para tratar de
borrarlos del mapa político —mensaje para el proceso electoral
de 2027— y como reafirmación de su tesis de los años
«perdidos» (sic) en que gobernó la oposición en México; una
justificación para la falta de respuestas y soluciones a los
grandes e importantes problemas nacionales, a casi ocho años
de que llegaron al poder.
Creemos que las cosas no van a parar ahí y la pregunta obligada
ante esa estrategia política es: ¿quién sigue?
Ahí está Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán por el
PRD (2015-2021), quien ya es buscado: enfrenta órdenes de
aprehensión y una ficha roja de Interpol por acusaciones
federales y estatales.
También está Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022),
exgobernador panista de Tamaulipas, quien reside en Estados
Unidos y cuya extradición ya solicitó el gobierno mexicano.
También está Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco por
Movimiento Ciudadano (2018-2024), al que, al parecer, ya traen
en la mira.
Y está Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (2021-2027),
contra quien legisladores de Morena promovieron acusaciones de
«traición a la patria» y un juicio político —que no prosperó—,
aunque seguramente esperarán a que termine su periodo en
2027 y deje de tener fuero. También se ha mencionado a Miguel
Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el
PRD, de 2012 a 2018.
¿Y los exgobernadores de Morena? ¿Y los señalados por su
vinculación con la delincuencia organizada y el huachicol fiscal?
Nada. Actualicemos la frase atribuida a Juárez: «A los enemigos,
la ley; a los amigos, justicia y gracia». A ellos no se les toca ni
con el pétalo de un expediente judicial, porque se desgranaría la
mazorca. Así las cosas, en el México de la presumida
«Revolución de las Conciencias».
bulmarop@gmail.com
