Oscar Hector Paco Barrera

LAS ANTIPODAS DE LA LEY. LA CONDENA ANTES DEL JUICIO

Hoy toco dos eventos con circunstancias muy diferentes entre si, pero que giran en torno de la aplicación de la justicia, sus protocolos y sus consecuencias. Ambos casos se dan, en el marco de un Estado de Derecho fallido, transformado y sometido al poder político con insanos propósitos de dominio.

Déjeme empezar con la detención del político y empresario Ernesto Ruffo Appel en Ensenada, Baja California y recluido en Almoloya, centro de detención de alta seguridad. El motivo de trasladarlo en más de 2.8 mil kilómetros de su hogar, se aplica en la ejecución de órdenes de aprehensión a personajes de alta peligrosidad, que no es el caso. El tinte político es imposible ignorarlo y el acto de represión va encaminado a crear temor a líderes empresariales no alineados al oficialismo.

El ex gobernador de Baja California (1989-1995), ni siquiera es calificado como presunto infractor de leyes. En flagrante violación de la presunción de inocencia, oficialmente por ignorancia o abuso de poder la presidente Sheinbaum Pardo, sin ser el medio y convertida en fiscal lo ha declarado culpable, con un legajo de numerosas pruebas en su contra, dijo; que en otro país sería declarado violatorio al debido proceso… ¡pero estamos en México!

En un estado de derecho, quien acusa debe probar. En el tribunal mediático, la carga se invierte: el acusado es forzado a la tarea casi imposible de probar que no hizo algo, es decir probar un hecho negativo, bajo una presunción de culpabilidad automática.

El otro caso, es muy delicado. Queda el riesgo de faltar el respeto a los involucrados. Ambos, porque fue un asunto entre dos, merecen toda consideración por ellos mismos, sus familias, la docencia en general y los centros de estudios. Los toco para advertir lo frágil de una legislatura que hace de la justicia el intringuilis que padecemos.

La reciente y trágica muerte de un docente. Alberto Israel Jasso Cruz, un profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, quien se quitó la vida horas después de difundir un video en el que rechazó una denuncia por presunto abuso sexual, presentada en su contra por una estudiante, quien afirmó haber sido tocada en seis ocasiones por el docente.

El maestro antes de su muerte, hizo la grabación de un vídeo, asegurando que la acusación era falsa y explicó que decidió hacer público su testimonio, señalando que tras la denuncia, fue separado de sus funciones y cuestionó el procedimiento que enfrentó. En su mensaje sostuvo que para los hombres en estos casos “la presunción de inocencia no existe”, y añadió que una acusación de este tipo puede provocar consecuencias y rechazos laborales, económicos y familiares antes de que exista una resolución.

El profesor también dirigió un mensaje a otros docentes: “No se apeguen a sus estudiantes, no son sus hijos, no son su familia”, dijo, al recomendar mantener una relación estrictamente profesional con el alumnado para evitar situaciones que, desde su perspectiva, puedan derivar en conflictos.

El caso del docente y su trágico final nos obliga a detenernos frente a un espejo incómodo como sociedad. Más allá de los detalles específicos de este caso, que ahora quedarán ocultos en la sombra de lo que nunca fue evaluado por un juez, evidencia una fractura profunda en nuestra manera de buscar justicia en la era de la inmediatez digital y los juicios sumarios que las redes permiten.

​Es innegable que el acoso dentro de las instituciones educativas es una herida abierta. El clamor del alumnado y los docentes por espacios seguros y protocolos legales efectivos, es una exigencia tan legítima como urgente. Sin embargo, este anhelo de justicia se desvirtúa cuando la inacción de las autoridades empuja a que los cauces institucionales sean sustituidos por el implacable tribunal de las redes sociales.

En este espacio, las reglas cambian: la indignación reemplaza a la evidencia y la sentencia se dicta en el instante en que se publica un nombre.

Cuando la plaza pública condena por la falta de información certera e imparcial de las autoridades, sin pruebas contrastadas ni derecho a la defensa, el principio de la presunción de inocencia que es un pilar en la civilización, diseñado no para solapar culpables, sino para proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad se desmorona. Lo que se instaura en su lugar es una maquinaria de escarnio que decreta la “muerte civil” del individuo.

En ambos casos, vivirlos es una condena y desprestigio moral tan veloz e irreversible que destruye reputaciones, carreras y psiques mucho antes de que se demuestre un delito, arrastrando además en su dolorosa estela de estigma social, a todo el entorno familiar del acusado y en el caso de la estudiante, a ella misma.