Bulmaro Pacheco.
El primer presidente de México que pensó en la creación de un
Seguro Social fue Álvaro Obregón Salido.
No pudo concretar el proyecto por la falta de recursos económicos. Él
había trabajado como obrero en molinos harineros y sabía de las
penurias por las que pasaban los trabajadores y sus familias.

El presidente Plutarco Elías Calles, en su viaje por Europa antes de
tomar posesión del cargo, se interesó por otro proyecto de seguridad
social, como el que funcionaba ya en Alemania. Calles fue profesor
rural, comerciante y trabajó en el campo. Tampoco tuvo recursos y a
lo más que llegó fue a crear un Instituto de Pensiones en 1925.

El presidente Cárdenas le dijo que no a su secretario Ignacio García
Téllez, cuando este le presentó el proyecto de creación del seguro
social, alegando que, con el problema de “la expropiación petrolera”,
no quería abrir un nuevo frente de conflicto con el sector empresarial.
Fue hasta 1943 cuando el presidente Manuel Ávila Camacho decretó
la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social —subrogando la
mayor parte de sus servicios—, y avanzando gradualmente en su
implantación en los Estados de la República, con la oposición abierta
del sector privado de la medicina.

El presidente Cárdenas recogió la iniciativa de Calles para hacer
avanzar la legislación que protegiera a los trabajadores al servicio del
Estado, pero sin crear una institución y solo reconociendo sus
derechos. Fue hasta 1959 que el presidente Adolfo López Mateos
—como exsecretario del Trabajo— promovió la reforma del artículo
123 para crear un apartado “B” referente a los derechos y a la
seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, y así nació
el Issste, creado por ley un 30 de diciembre de 1959.

Al día de hoy las instituciones de seguridad social imaginadas por los
presidentes de la posrevolución y continuadas por sus sucesores
amparan, el IMSS a 79 millones de habitantes y el Issste a 14
millones, es decir, a un total de 93 millones de mexicanos de los
134.4 que somos actualmente.
Es decir, el 72% de la población mexicana se encuentra amparada
por la seguridad social federal. El resto se encuentra adscrito a losinstitutos estatales de seguridad social o al sistema abierto del
llamado IMSS-Bienestar, que busca la universalización de los
servicios de salud pública, un objetivo todavía lejano.

Desde sus orígenes, las instituciones de seguridad social han sido
atacadas y descalificadas. En un principio por el sistema privado de
salud, que sintió que sería desplazado por los servicios públicos de
salud, y posteriormente por cuestiones políticas, dada la naturaleza y
los orígenes de los titulares de los organismos y el poder alcanzado
por las organizaciones sindicales en la operación institucional.
Con el tiempo y con el surgimiento de nuevas enfermedades
—crónico-degenerativas— y el incremento notable de pensionados
por la ampliación de las expectativas de vida y los sistemas de
protección social, las presiones por la calidad del servicio se han
incrementado en todas las estructuras y entre toda la
derechohabiencia, que se justifica alegando pagar por los servicios.

Existe un gran número de enfermedades (corazón, diabetes, cáncer)
que deben ser tratadas con la dotación de medicamentos para toda la
vida. También con la consulta periódica de especialistas que deben
estar al cuidado de los enfermos crónicos en clínicas y hospitales
para regular los tratamientos médicos y la atención directa.
Sin embargo, por la saturación de los servicios, la escasez de
recursos y el crecimiento de la derechohabiencia, a las instituciones
de salud se les han complicado los tiempos de espera.

Tiempos de espera para consulta de especialidades, para las cirugías
y para la entrega de los medicamentos en las farmacias de los
hospitales. Y ahí es donde ha estallado el conflicto con
derechohabientes que sienten que deben ser mejor tratados dadas
las aportaciones económicas en su vida laboral, quizá sin saber que
se enfrenta una crisis de recursos económicos al bajar el presupuesto
federal para la salud y el replanteamiento de las prioridades de la
institución para otras regiones de México.

También el desgaste de las instalaciones médicas que por años
padecieron escasez de recursos para su propio mantenimiento.
Y para ahondar la crisis, la desaparición en 2018, con el nuevo
gobierno de la autollamada 4T, de las delegaciones del Issste en los
Estados. Fue un gran error. Los delegados actuaron siempre como

una correa de transmisión entre las necesidades estatales y los
recursos federales a través de la gestión directa.

Durante muchos años, la figura del delegado estatal representaba la
máxima autoridad del Issste en los Estados. Algo no entendieron los
estrategas administrativos de la 4T, que desaparecieron la figura,
contribuyendo con eso al desorden y a la falta de coordinación entre
lo local y lo central. Y fueron especialmente duros con el Issste,
porque el resto de las delegaciones federales (SCT, Sader, Profeco,
etc.) siguen operando sin alteración alguna.

Eso es parte de la crisis que ahora se vive y hay que entenderlo. El
personal del Issste hace su mejor esfuerzo —con lo que tiene—, pero
hace falta la función de un representante estatal —un gestor que
evalúe las necesidades y proponga soluciones— a nivel central. Ya
llevan ocho años con ese problema.

Duele lo que parece una agresiva y orquestada campaña en contra
del Issste, como antes lo fue contra el IMSS. La crítica nada dice del
altísimo costo de los servicios privados de salud y la expansión de
servicios médicos en farmacias y boticas de pueblo ante la crisis del
sector público en Estados y municipios.

Más allá de los señalamientos sobre las carencias y los cuellos de
botella de la institución, los más acendrados críticos parecen ignorar
el enorme esfuerzo de los trabajadores del Issste, que todos los días
se la juegan, entre la atención a la derechohabiencia que por ahora
llega en Sonora a 345 mil personas,con más 28 mil jubilados.

Resulta muy loable que el gobierno estatal haya influido para acelerar
los apoyos a las necesidades más urgentes del Instituto y el Hospital
General Fernando Ocaranza, sin dejar de lado que la auténtica
prioridad actual es la construcción de un nuevo hospital en la capital
del Estado, que sustituya al adquirido en 1964 para adecuarlo a las
necesidades de la nueva institución. Esa gestión requiere que se
haga del conocimiento de la Cámara de Diputados federal la
asignación de recursos para la primera etapa en el proyecto de
presupuesto de egresos que llegará a esa Cámara el próximo 8 de
septiembre. Más allá de las buenas intenciones, se requiere de esa
operación política para que la nueva obra fructifique.
Defendamos al Issste y al Seguro Social por sus enormes
aportaciones a la población mexicana, que no imaginamos cómo leharían sin el apoyo de esas instituciones. Los problemas de coyuntura
y las crisis localizadas son mucho menores que las grandes
aportaciones realizadas por esas instituciones en su historia.
bulmarop@gmail.com