Oscar Hector Paco Barrera
ASi SE DUERME EL DINERO DE LOS SONORENSES.
El megaproyecto ferroviario en el norte de Sonora que formalmente es conocido como la Reubicación de las Vías del Tren en el tramo Ímuris-Nogales y que Popularmente ha recibido el nombre de “Tren Fantasma” debido al hermetismo institucional, la falta de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pública al inicio de los trabajos y la ausencia de información en los registros presupuestales que deberían ser publicos.
La obra, bajo la ejecución de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conecta directamente a los municipios de Ímuris, Santa Cruz y Nogales. Según la poca información que sobre el particular se emitió muy dosificada. El propósito central de esta obra de 78.5 kilómetros de longitud es el rediseño logístico de la frontera y el desarrollo urbano local tiene (¿O tenía?), dos metas principales:

1.- Retirar las vías del tren del casco urbano de Nogales, una demanda histórica debido a que el paso del ferrocarril de carga divide la ciudad en dos, genera accidentes y provoca hasta 35 interrupciones viales diarias; y 2.- Modernizar la infraestructura de exportación hacia Estados Unidos, conectando el flujo comercial desde el puerto de Guaymas. El trazo original incluye un patio de maniobras de 60 hectáreas y un túnel subterráneo de 2.3 kilómetros en Nogales para conectar directamente con la línea fronteriza.
Sin embargo, el trazo generó fuertes protestas de ejidatarios y ambientalistas debido a las afectaciones en el Valle del río Cocóspera que es un corredor biológico crucial para especies protegidas, como el jaguar y la zona del crucero de San Lázaro en el municipio de Santa Cruz.
El costo del proyecto ha sido una cifra en constante movimiento y objeto de notables discrepancias entre los anuncios del gobierno del estado y los reportes técnicos de los ingenieros militares.
El presupuesto original en 2023 se calculo entre 6,522 y 7,000 millones de pesos. Posteriormente el ajuste técnico en 2025 aumentó a 10,111 a 12,000 millones de pesos. Para cuando la obra fue suspendida meses atrás, el costo final proyectado por Sedena era de 17,000 millones de pesos. Casi tres veces más que su costo original programado.
A pesar de que a mediados del año pasado las autoridades locales reportaban avances significativos, como la primera interconexión del túnel en marzo de 2025, el proyecto se encuentra prácticamente detenido. El argumento de falta de recursos federales, según lo indican las revisiones al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, no reflejaron partidas específicas asignadas para la continuidad de la obra, lo que provocó un severo freno financiero.
Los frentes de la obra actualmente lucen desiertos y en algunos cuentan con personal de vigilancia. La corrupción infaltable en la inversión de la obra pública está presente, ya que se ha documentado la entrega de contratos millonarios por parte de la Sedena a empresas sin antecedentes claros en el sector
ferroviario o señaladas previamente por irregularidades administrativas en otros municipios del estado.
Aunque los alcaldes de la región y el gobierno estatal sostienen de manera pública que la obra no se ha cancelado definitivamente y que requiere una reprogramación de los tiempos de entrega, la realidad en el territorio muestra una parálisis por falta de liquidez presupuestal, dejando el trazo a medio construir.
La falta de un desglose financiero transparente por parte del gobierno federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) —bajo el amparo de la seguridad nacional— hace complejo auditar cada peso. Sin embargo, cruzando los reportes técnicos de la Dirección General de Ingenieros de la Sedena, las solicitudes de transparencia y los informes del Gobierno de Sonora, los datos consolidados arrojan un avance al cierre de los trabajos del 60% con una inversión pagada y otra sin pagar a proveedores cercana a los 8.5 mil millones de pesos.
Según cálculos de peritos en este tipo de obra se requieres por lo menos otros 10 mil millones de pesos para concluirla, con los ajustes en costos que la inflación ocasiona aplicables cada trimestre del año.
Alfonso Durazo y sus corifeos en prensa y redes, festinan la próxima inversión federal para carreteras en Sonora de 10 mil millones de pesos. Solo para comparar costos, la obra cumbre que se jacta Durazo Montaño de haber gestionado con la presidenta Sheinbaum, es la carretera parcial de 65 kilómetros de Bavispe a Casas Grandes, Chihuahua con un costo final de 1.7 mil millones de pesos. Haga números y se dará cuenta que de los miles de kilómetros dañados en Sonora, serán cientos los que puedan ya no reconstruir, sino de revestir o al menos remendar con el bachetón.
Ni el gobernador, diputados, senadores y presidentes municipales recuerdan ya esté lamentable suceso que cuesta más que las obras necesarias
